La Policía Nacional ha detenido a diez personas y ha investigado a otras cinco como supuestas integrantes de una organización criminal dedicada a traer a España a migrantes en pateras para su explotación laboral y hacinamiento en viviendas sin agua ni calefacción.
Los arrestados, que se valían de la condición de necesidad de las víctimas, tenían asentada la organización en León y en las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora, han informado este jueves fuentes policiales.
Los agentes atribuyen a la organización el favorecimiento de la inmigración ilegal, la explotación laboral y el fraude a la Seguridad Social.
Los diez detenidos supuestamente conseguían autorización de residencia por circunstancias excepcionales con motivo de arraigo social, por medios ilícitos y con ánimo de lucro.
El líder de la organización gestionaba el traslado de migrantes irregulares en patera, mayores y menores de edad, desde playas de Marruecos hasta Algeciras y Cádiz.
En estas ubicaciones, otros miembros de la organización los iban a buscar, viajaban hacia otras provincias por carretera, en coche o en autobús, y ofertaban “paquetes” de traslado con entrada en España desde su país de origen.
Una vez en España se tramitaba la situación administrativa de los migrantes, de origen marroquí, de forma ilegal.
El jefe de la organización disponía el traslado hasta la provincia de León, donde tenía una red de pisos en las localidades de Mansilla de las Mulas, Valdepolo, Campo de Villavidel y pueblos aledaños, en los que alojaba a las víctimas.
Finalmente eran empadronadas en una de las viviendas controladas por él mismo o por sus colaboradores, trámite que se realizaba de forma fraudulenta y por el que cobraban a las víctimas entre 150 y 300 euros.
El líder actuaba como intermediario entre la víctima y el empresario, gestionando los trámites del contrato y la presentación de documentación en la Oficina de Extranjería.
El entramado criminal se valía de sus familiares para acudir en calidad de testigos y acreditar el arraigo social.
Hacinados en pisos sin agua ni calefacción, a cada víctima de explotación se le exigían cantidades que iban de 3.000 a 10.000 euros por trámites consistentes en obtener los requisitos necesarios a fin de regular su situación administrativa en España.
El cabecilla de la organización criminal intervenía directamente para que los migrantes tuvieran los documentos de solicitud de autorización de residencia por arraigo social.
Las víctimas a menudo comenzaban a trabajar antes de concederles la autorización de residencia en explotaciones ganaderas, recibían un sueldo bajo y en ocasiones trabajaban a cambio de comida o incluso sin remuneración durante largas jornadas, habitualmente sin descanso ningún día de la semana y sin derechos.
No se daba de alta a las víctimas en la Seguridad Social, dado que trabajaban sin autorización, y eran instruidas acerca de cómo y dónde esconderse en caso de una inspección laboral.
Si no seguían estas órdenes para evitar ser vistos, eran agredidos físicamente siendo lesionados con sopletes en el rostro o con cuchillos en la espalda.
La operación ha culminado en una primera fase con diez detenidos por los delitos de favorecimiento de inmigración ilegal y obtención fraudulenta de prestaciones de la Seguridad Social, siete de ellos en León y uno en Palencia, Murcia y Valladolid, respectivamente.
También los agentes practicaron dos entradas y registros en la provincia de León, donde intervinieron 2.000 euros, documentación y material informático.
La segunda fase de la operación ha concluido con cinco investigados como supuestos autores de fraude a la Seguridad Social y lesiones.
