El Pleno de la Corporación aprobó la actualización de los códigos de las calles del municipio, de forma que únicamente 33 calles y 12 plazas y pasajes mantendrán su condición de "primera", mientras el resto de vías se encuadran en la segunda categoría, lo que supone la unificación del callejero de acuerdo a los servicios que se prestan en la gran mayoría de esas calles del municipio, y una pequeña cantidad, que mantienen su condición de "tercera", en orden a que no disponen de todos y cada uno de los servicios de que disponen las demás vías.
Por otro lado, la sesión se centró en gran parte en la discusión relativa a las respectivas mociones de urgencia promovidas por el Equipo de Gobierno para la aprobación de las actualizaciones que sufren las ordenanzas municipales relativas a las tasas de Agua y Basura.
Las críticas a los informes emitidos por los técnicos municipales para rechazar las alegaciones presentadas por los grupos de la oposición, así como las razones que han propiciado el incremento de las referidas tasas centraron gran parte de los argumentos desarrollados por los portavoces de PSOE e IU, quienes no escatimaron adjetivos como "barbaridad" y "disparate" a la hora de valorar la decisión del Equipo de Gobierno, que el propio alcalde, Pedro Fernández Montes, explicó con todo detalle, en el sentido de que, en relación al agua, los incrementos previstos, "a excepción del porcentaje equivalente al incremento del IPC" se deben a la próxima entrada en vigor, el 1 de enero de 2011, de la nueva Ley del Agua aprobada por el PSOE en el Parlamento Andaluz, y cuya aplicación se traducirá en una subida global del 12,30 por ciento, del que sólo el 1,8 por ciento se refiere al crecimiento del IPC anual.
El alcalde, Pedro Fernández Montes, tras un intenso debate sobre diferentes aspectos, criticó que la nueva Ley de la Junta de Andalucía imponga a los ayuntamientos la gestión directa de esta fuerte subida de la tasa promovida por la Ley del Agua, y destacó, entre otros aspectos de la misma, que establece la aplicación de una cuota fija de 3 euros, con carácter general y sin discriminar los recursos de quienes tienen más o quienes tienen menos; que se impone un canon generalista según el consumo de cada vecino para que la Junta de Andalucía ejecute obras en el municipio que considere oportuno, sin que por tanto esta "carga" repercuta directamente en beneficio de los vecinos de Torremolinos; que el Ayuntamiento se vea abocado a ejercer de recaudador de este nuevo canon, asumiendo incluso los gastos de gestión de la tramitación del cobro, con el consiguiente incremento de la tarifa; que también el Ayuntamiento tenga que liquidar a la Junta de Andalucía en base a lo facturado y no a lo cobrado, lo que, a juicio del alcalde, "es totalmente ilegal", además de provocar un coste importante que tendrá que ser repercutido en la tarifa y, en fin, que la Junta de Andalucía también ha modificado los tramos de consumo, de manera que si en Torremolinos antes el primer tramo de la tarifa llegaba hasta los 15 metros cúbicos, ahora se ha limitado a 6 metros cúbicos, de tal forma que quienes sobrepasan este consumo mínimo pagarán más cara el agua, con el consiguiente incremento global en la tarifa.
En síntesis, para Pedro Fernández Montes, “todo esto es un disparate jurídico, un desprecio al principio de autonomía municipal y el sometimiento a un terrible vasallaje a los ayuntamientos de Andalucía”, y explicó en este contexto que ya son 119 los ayuntamientos (no sólo del PP, sino también del PSOE y otras fuerzas políticas) que han respaldado un recurso ante el Tribunal Constitucional, entre otras cosas porque, por si fuera poco, “la subida será progresiva durante cinco años, hasta 2015”, con lo que el incremento global que sufrirá la tarifa del agua por mor de esta nueva Ley del Agua de la Junta de Andalucía alcanzará globalmente el 40 por ciento, lo que el alcalde calificó como “un filón para la Junta de Andalucía”.
Tras insistir en que, en definitiva, el 85 por ciento del incremento que va a sufrir en Torremolinos el recibo del agua va a deberse a la nueva Ley de la Junta de Andalucía, “a la que el PP se opuso, votando en contra en el Parlamento Andaluz”, Pedro Fernández Montes dejó sentado finalmente que, en todo caso, “los vecinos empadronados con dos años de antigüedad en Torremolinos seguirán obteniendo las subvenciones habituales, así como los pensionistas con bajos ingresos, que seguirán con la subvención del 87,5 por ciento, menos en la cuota fija y el canon de la Junta de Andalucía, que no pueden ser subvencionados porque hay que pagárselo todo a la propia Junta de Andalucía, se cobre o no se cobre”, sentenció.
El cierre del vertedero
En lo que se refiere a la basura, el ya conocido debate sobre el cobro a través de un único recibo compartido con el agua fue nuevamente motivo de discrepancia política, aunque la esencia del debate volvió a ser el obligado incremento de la tasa al que tendrán que hacer frente los vecinos de Torremolinos, como consecuencia de la pertinaz estrategia del PSOE para promover el cierre del vertedero de Torremolinos, con el consiguiente importante aumento del precio de la tasa, dada la necesidad de llevar las basuras generadas a un vertedero lejano, en este caso ubicado en la localidad de Casares.
El alcalde, Pedro Fernández Montes, afirmó en este sentido que “por fin ha tenido su fruto la persecución que durante años ha protagonizado el Partido Socialista” y, tras recordar, por un lado, el incumplimiento de la Junta de Andalucía de construir un vertedero en el mismo municipio o cerca, y por otro recordar que el vertedero de Torremolinos fue creado por el propio Partido Socialista, que ahora ha perseguido sin tregua su clausura, afirmó que “fue sólo a partir de 1995, cuando el PP comenzó a gobernar en Torremolinos, cuando se propusieron cerrar el vertedero”, buscando con ello, a juicio del alcalde, un “supuesto desgaste político” como consecuencia de la obligación de proceder a incrementar la tasa, que tiene que ser equivalente al coste del servicio.
Pedro Fernández Montes calificó como “uno de los logros gloriosos” del Partido Socialista este inminente incremento de la tasa de basura y, después de recordar también que el actual vertedero cumple todos los requisitos medioambientales, dijo que “en el PP no somos sospechosos de subir los impuestos a los vecinos”, y recordó que “desde 1995, cuando el pueblo me eligió alcalde, a los empadronados no se les ha subido el IBI, y los nuevos empadronados tienen progresivas subvenciones hasta alcanzar el 50 por ciento, sin olvidar que, por ejemplo el Impuesto de Vehículos sigue siendo el mismo que hace 15 años….”.
Lo cierto es que, según explicó el primer edil, merced a una resolución judicial, los vecinos de Torremolinos están abocados a hacer frente al incremento de la tasa, aclarando que “en esta nueva tarifa se han ajustado los costes del traslado de comercios, industrias, hoteles, bares, restaurantes y similares, de modo que no suceda lo que venía ocurriendo hasta ahora, que alguien que sólo requería uno o dos contenedores de 400 ó 800 litros pagara igual que quien requería el doble o el triple de contenedores”, destacando también que “la Ordenanza permite a los negocios que quieran hacerlo el poder llevar y verter por su propia cuenta, si creen que pueden hacerlo con menor coste”.
Por último, en el capítulo de Ruegos y Preguntas, la oposición interrogó al Equipo de Gobierno sobre la actuación municipal en ‘Parque Animal’, lo que dio pie a un detenido repaso cronológico de los hechos por parte del alcalde, quien dejó sentada la inmediatez con la que el Ayuntamiento ha dado respuesta a lo ocurrido, a partir del momento mismo de la recepción en el Ayuntamiento del informe denuncia del SEPRONA, dos días después de la aparición de las presuntas irregularidades detectadas en ‘Parque Animal’ en los medios de comunicación.
