El comisario jubilado José Manuel Villarejo y el exgerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, no declararán en la instrucción de la causa abierta contra el exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana después de que la Audiencia de Valencia haya rechazado su testimonio.

Ambas comparecencias fueron solicitadas por la defensa del exdirigente del PP al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia con la intención de "aportar luz" sobre el origen de la investigación a Zaplana, aunque la sección quinta de la Audiencia provincial las considera inútiles en esta fase del proceso.

De este modo, los juzgados valencianos cierran la posibilidad de que dos de los personajes más habituales de los juzgados por asuntos relacionados con la corrupción en los últimos años participen también en el caso Erial, han confirmado a EFE fuentes del caso.

El posible vínculo de Villarejo con esta causa lo advirtió el mismo comisario retirado el pasado mes de octubre durante su comparecencia en una comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

Villarejo aseguró, a preguntas del diputado valenciano del PP Luis Santamaría: "Había un interés, no sé por qué, en destruir al señor Zaplana y se utilizó a un confidente del CNI sirio para ver las fórmulas".

El germen de la investigación que afecta al exministro tiene su origen en los conocidos como "papeles del sirio", que fueron hallados en un registro en el despacho de abogados del anterior abogado de Benavent y que se consideran la "auténtica hoja de ruta" que se siguió para concurrir a las licitaciones del Plan Eólico y las ITV por las que la trama supuestamente corrupta, con el expresident Eduardo Zaplana al frente, pudo cobrar comisiones.

Así figura en un informe de la UCO incluido en el sumario del caso Erial, en el que se detalla que esos documentos habrían sido hallados abandonados en una vivienda que ocupó Zaplana en Valencia y que posteriormente ocupó un ciudadano sirio, conocido de Marcos Benavent.

Se trataba de tres documentos donde se vislumbraba, según los investigadores, una posible connivencia en la adjudicación de determinadas concesiones públicas del Plan eólico y las ITV a favor de sociedades ligadas al grupo Sedesa, de la familia del que fue exconseller, expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía Juan Cotino.

Los documentos estaban en poder de Marcos Benavent pero se encontraban en el despacho de su primer letrado, Ramiro Blasco, cuando fueron hallados por la Guardia Civil.

En su declaración como testigo en marzo de 2017, Benavent explicó que se los había entregado en 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, que ocupó la misma vivienda en la que anteriormente residió Zaplana, y que desconocía si tenían relación con alguna causa penal o alguna actividad criminal, pero los guardaba "junto con otros muchos" papeles.

También se tomó declaración a ese ciudadano sirio que le entregó esos documentos, quien dijo haberlos encontrado "abandonados" dentro de un sobre unos diez años antes, alrededor de 2007, en una vivienda en la que residió en régimen de alquiler, cuyos propietarios fueron entre 1998 y diciembre de 2006 Zaplana y su esposa.

Dos de los documentos de lo que la investigación señala como una "auténtica hoja de ruta" fueron redactados a principios de septiembre de 2001 y detallan los pasos dados por el grupo Sedesa durante los años 2001 y 2002 en relación con las concesiones públicas de los parques eólicos y de la ITV, que se licitaron y adjudicaron bajo la presidencia de Zaplana en la Generalitat.

Además, aluden a diferentes empresas relacionadas con el propietario de Sedesa, Vicente Cotino, y la mercantil luxemburguesa Imison International, creada en mayo de 2001, que según desveló después la investigación se pudo utilizar para materializar el cobro de comisiones ilícitas por importe de 6,4 millones de euros.

El Gobierno valenciano de Zaplana privatizó el sector de las ITV en 1997 (en cinco lotes diferentes) y posteriormente puso en práctica políticas que permitieron que, entre los años 2000 y 2003, aumentasen sus tarifas de 18 a 46 euros, hasta convertirse en las más caras del Estado.

En 2004, buena parte de las firmas adjudicatarias vendió sus participaciones obteniendo unos beneficios que, en el caso del lote adjudicado a la familia Cotino (sobrinos de Juan Cotino) pudieron rondar los 86,6 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.

En contraprestación, tal y como considera acreditado la Guardia Civil, las empresas de los Cotino pagaron en 2005 y 2006 cerca de 8,5 millones de euros a dos empresas controladas por supuestos testaferros de Zaplana en Luxemburgo.

La defensa de Zaplana ha centrado buena parte de sus esfuerzos en desacreditar esa documentación que dio origen a la causa contra el expresident, basándose en una teoría frecuentemente esgrimida en causas similares y conocida como la "fruta del árbol envenenado", según la cual cualquier pesquisa o diligencia vinculada con una prueba declarada nula debe ser considerada nula también.