La pieza A del caso Imelsa por los presuntos delitos de malversación y cohecho que se habría cometido en el PP en Valencia en las elecciones de 2007 y 2011 se juzgará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia a partir del 23 de enero de 2024, han informado a EFE fuentes judiciales.
En los primeros años de instrucción estuvieron procesados en esta pieza medio centenar de personas entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP de la ciudad de Valencia por un supuesto delito de blanqueo de capitales o "pitufeo", supuestamente cometido mediante una aportación a una cuenta del partido de 1.000 euros que les sería devuelta en mano en dos billetes de 500 euros.
Esta parte de la causa, sin embargo, fue archivada definitivamente al entender la Audiencia Provincial que, si bien pudiera ser ilícita la actividad "que se orquestó dentro" del grupo municipal popular de Valencia, "falta el enlace preciso y absolutamente necesario del conocimiento de que con este operativo se ayudaba y colaboraba en el blanqueo de capitales con la actividad delictiva previa origen del dinero".
Así, el procedimiento que se juzgará desde el próximo mes de enero se dirige contra el exvicealcalde y entonces "número dos" de Rita Barberá, Alfonso Grau, la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster, el que fue responsable de Turismo Valencia Convention Bureau, José Salinas, y el exedil Juan Eduardo Santón, que estuvo al frente de fundaciones públicas.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que desde entidades públicas como Turismo Valencia Convention Bureau, el Centro de Estrategias y Desarrollo y la Fundación para la Innovación Urbana se desviaron fondos para gastos electorales.
Grau ya fue condenado por cohecho a nueve meses y un día por aceptar como regalo dos relojes de lujo de un empresario que había suscrito dieciséis contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y 2015.
Esta fue una de las derivadas del caso Imelsa, que tuvo su germen en el verano de 2014, cuando Esquerra Unida llevó a la Fiscalía unas grabaciones efectuadas durante años por el que fue gerente de la empresa pública provincial Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent.
No fue hasta el 26 de enero de 2016 cuando las detenciones, en el marco de la operación policial Taula, evidenciaron la existencia de indicios de corrupción en una red mucho más extensa de lo sospechado inicialmente.
