Los funcionarios de prisiones han recibido con los brazos abiertos la propuesta de ley impulsada por el PSOE y aprobada por mayoría en el Congreso para que sean considerados como agentes de la autoridad, aunque mantienen la cautela al considerarla "incompleta".
"Esta proposición de ley es una toma de consideración, es positiva pero es incompleta", asegura en declaraciones a 7TV José Luis Alcaraz, delegado de Acaip en la cárcel algecireña de Botafuegos y miembro de la ejecutiva nacional del sindicato. Para ellos, esta propuesta supone la consecución de una "seguridad jurídica" que les proteja en el ejercicio de sus funciones y que, además, "no cuesta dinero", como recuerda el portavoz sindical.
Entre los aspectos que se recogen y que les igualaría con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) está el ser llamados por el número de carnet profesional en el juzgado, no estar en la misma sala que los denunciados o denunciantes y sus familias en caso de declarar en un juicio, que las agresiones se tipifiquen como delito y no como falta o el principio de veracidad. Además, reciben una protección en caso de insolvencia de un condenado a su favor o, si delinquen, ser recluido en un establecimiento penitenciario especial.
No obstante, según Alcaraz, la proposición de ley no es del todo completa, ya que solo incluye a los funcionarios de instituciones penitenciarias y no a todos los trabajadores de la cárcel. De esta forma, quedarían fuera "cocineros, electricistas, fontaneros, trabajadores sociales o compañeros de comunidades autónomas con competencia transferida". Aun así, muestra optimismo en que, a través de las enmiendas, esta discriminación se corrija.
De hecho, de acuerdo con el portavoz sindical, Acaip ya está en contacto con los grupos parlamentarios para transmitirles lo que entienden como una problemática. "Por favor, que prime el interés general de los trabajadores penitenciarios y no el interés político, porque, si no sale, los perjudicados vamos a ser nuestro colectivo", comenta Alcaraz.
La consideración como agente de la autoridad es una longeva reclamación de los funcionarios de instituciones penitenciarias, como el caso de la transferencia de la sanidad en las cárceles en Andalucía. En este aspecto, que sigue en punto muerto, José Luis Alcaraz señala a la Junta de Andalucía y al Gobierno central por "echarse las culpas y no primar los intereses de los trabajadores". "Siempre que prime la buena fe, no vamos a tener ningún problema", concluye.
