El pasado 29 de noviembre, dos meses y medio después de la adjudicación de las obras, comenzó la construcción de la última fase del Cerro del Moro por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
El futuro edificio, de cinco plantas más planta baja, estará conformado con coce viviendas de dos dormitorios, 44 viviendas de tres y otras de cuatro habitaciones. Tres de los inmuebles están adaptados para personas con movilidad reducida. La fase se completa con 49 aparcamientos, 25 trasteros y un local.
Para la consejera Rocío Díaz, estas obras no sólo se transformarán de forma sustancial el barrio, sino también la calidad de vida de muchas familias gaditanas.
Sin embargo, los vecinos afectados de la fase 7 no comparten el mismo optimismo porque mantienen todavía negociaciones con la Agencia Andaluca de Rehabilitación y Vivienda (AVRA). El portavoz de los mismos, Enrique Estévez, insiste en que se siente desamparado por parte de las administraciones, especialmente la local, y advierte de que la mayoría no piensa vender sus actuales propiedades tanto por el precio que ha puesto el Gobierno autonómico sobre la mesa, entre 30.000 y 37.000 euros, que consideran insuficientes, como por la falta de garantías para poder acceder a un alquiler social que, en cualquier caso, solo les permitiría adquirir sus nuevos pisos pasados 50 años, tiempo excesivo. Todo ello, para sacar adelante una operación urbanística que permitiría construir en el espacio que ocupan otras 27 viviendas y una plaza.
Estévez advierte, además, de que los propietarios están recibiendo “presiones” por parte de AVRA, dado que, si no salen de sus casas, “tendrán que hacerse cargo de las mejoras” de un piso que se encuentra en ruina. “Vamos a aguantar el órdago”, asegura en conversación con VIVA CÁDIZ, porque la situación es injusta. “Nos dicen que si algunos venden, sus casas se tapiarán, de manera que el resto quedará aislado”, agrega. Por ello, ha vuelto a pedir audiencia al Defensor del Pueblo Andaluz y ultiman movilizaciones.
