Los portavoces municipales del PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, Óscar Torres y David de la Cruz, respectivamente, se reunirán este lunes para acordar un único documento con las propuestas de ambos partidos de la oposición en materia de vivienda para la presentación de una enmienda de sustitución a las iniciativas planteadas por el PP de cara al Pleno monográfico que se celebrará este día 12 en sesión extraordinaria a instancia de la formación que ostenta mayoría absoluta en la Corporación.
VIVA CÁDIZ ha tenido acceso a la relación de medidas planteadas por socialistas, de un lado, y coalición de izquierdas, de otro, sobre la que elaborarán una única relación. Torres y De la Cruz coinciden en poner el foco nuevamente en las viviendas con usos turísticos (VUT) y otros alojamientos vacacionales. De manera que tanto uno como otro reclaman una moratoria para que no se concedan más licencias para VUT, así como el endurecimiento de la regulación en toda la ciudad de la prohibición en fincas de nivel uno para impedir la instalación de VUT y hoteles. Adelante Izquierda Gaditana también quiere la eliminación de dichas licencias a grandes tenedores en los barrios que se encuentren tensionados y el PSOE, por su parte, exige ampliar los medios humanos del área de Urbanismo y Consumo dedicado a la inspección de pisos turísticos y la tramitación de denuncias y la realización de campaña informativas respecto de los medios de denuncia de la actividad ilegal y de las potestades legales de las comunidades de propietarios para prohibir esta actividad en sus estatutos.
En segundo lugar, ambos partidos están de acuerdo en que se declare Cádiz como zona tensionada para regular el precio de la vivienda tanto en venta como en alquiler, aunque el PSOE quiere, asimismo, que la Junta de Andalucía agilice los trámites para la concesión del Bono Joven de Alquiler, y señalan el problema existente con los inmuebles vacíos. Al respecto, reclaman al equipo de Gobierno la actualización de la ordenanza fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), conforme a la actual Ley de haciendas locales, para aplicar un recargo del 50 al 150% a inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. Relacionado con la propiedad, el PSOE insta a priorizar recursos suficientes para hacer efectiva la expropiación que posibilita la ordenanza de solares vacíos y edificaciones ruinosas, y Adelante pide que se acuda al Gobierno central y a la Administración andaluza para limitar el número de viviendas máximas por propietarios “tal y como exige la mayoría de la ciudadanía”.
Finalmente, la oposición muestra su rechazo a la venta de suelo público y emplazan al Gobierno local a ampliar lo máximo posible el parque público. La coalición de izquierdas concreta su negativa la política del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en Casitas Bajas y en Náutica, y aprovecha para solicitar a AVRA que se haga cargo de las promociones en lugar de dar vía libre a empresas privadas como en la parcela subastada de Loreto porque encarecerá el precio final de los inmuebles.
En los documentos de partida hay puntos no coincidentes que son, en cualquier caso, reseñables. El PSOE apunta a Procasa, de la que quiere que se haga cargo de los débitos de cuotas comunitarias que puedan ocasionar inquilinos de viviendas municipales en las comunidades de propietarios correspondientes, asumiendo el coste a través de asuntos sociales y el establecimiento de un programa de emancipación juvenil, así como la actualización de los criterios de acceso a la vivienda en la ordenanza reguladora del registro municipal de demandantes de vivienda protegida o el refuerzo del programa de alquiler previa cesión del inmueble por parte de propietarios privados. Sobre la empresa municipal, Adelante defiende que solo construya vivienda pública en alquiler.
Los socialistas consideran que es preciso, por último, que se pongan a disposición de los vecinos ayudas monetarias para la rehabilitación por medio de las comunidades de propietarios, la adaptación de hogares y para el pago de hipoteca de la vivienda habitual. Y, finalmente, urgen a agilizar a las administraciones implicadas el proyecto de Navalips.
La coalición de izquierdas también hace mención específica al proyecto del Cerro del Moro, pidiendo a la Junta de Andalucía que financie con fondos propios las 67 viviendas de la fase pendiente y garantice el mantenimiento de la propiedad a los vecinos, a los que obliga a desprenderse de sus pisos.
