La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) considera la imputación de los tres médicos que atendieron al joven polaco Piotr Piskozub en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla horas antes de su muerte "una consecuencia lógica del contenido del informe forense incluido en la causa y del resto de la instrucción que investiga su fallecimiento".
Sin embargo, como acusación popular personada en la causa, la organización considera que la responsabilidad de lo sucedido aquel día "trasciende a la actuación de los facultativos" y, por ello, insiste en que los protocolos existentes para la atención de las personas con "problemática social" en los servicios de urgencias pudieron propiciar el fallecimiento de Piskozub. De hecho, añade en un comunicado, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "acaba de personarse en la instrucción de la causa "ad cautelam" de su posible responsabilidad civil".
En relación con esto mismo, prosigue la Apdha en su comunicado, la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, "anunció por dos veces en los medios de comunicación tras el fallecimiento de Piotr, que había procedido a modificar dichos protocolos --eso sí, sin haberlos hecho públicos-- ni especificar el sentido en que ha realizado las pretendidas modificaciones". Por ello, añade, "en el día de hoy hemos solicitado formalmente copia de los mismos a la Consejería".
"Dichos protocolos deben ponerse en relación con los escasos recursos de los servicios sociales municipales, totalmente insuficientes para atender a las personas sin hogar y con la inexistencia de los mismos para las personas sin hogar enfermas", señala la Apdha, que agrega que "tal era el caso de Piotr que se encontraba desasistido en la calle llegando a extremos de total desamparo y muerte, razón por la cual señalamos igualmente la responsabilidad del Ayuntamiento".
La Apdha explica que ejerce la acusación popular "al entender que este fallecimiento es consecuencia de la dejación de funciones de las administraciones, que abandona a las personas sin hogar, poniendo al descubierto las carencias del sistema de bienestar en general y en especial para los más débiles, sin que ninguna administración asuma la más mínima responsabilidad". "Cabe recordar que es una obligación de las administraciones el velar por el cumplimiento de los derechos humanos", advierte la asociación.
Por tanto, continúa, "las administraciones no pueden dar la espalda a esta realidad y deben poner en marcha de forma urgente medidas necesarias como, entre otras, la de habilitar los espacios dignos (viviendas, albergues, centros de acogida, etcétera) para que ninguna persona esté en la calle por falta de recursos económicos y haría falta la creación de una red andaluza de alojamientos, gestionados bajo una política coordinada".
