El Grupo Municipal Socialista va a llevar al próximo pleno municipal, este viernes 24 de noviembre, una moción por la que se insta al Ayuntamiento de Algeciras a cumplir con su función de “garante de la legalidad urbanística” y a actuar “con la prudencia necesaria” ante la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra las obras de edificación del llamado proyecto del Lago Marítimo. Asimismo, desde el PSOE se reclama “que se tramite un instrumento de ordenación urbanística que dé la oportuna y debida cobertura legal y plena garantía jurídica a las actuaciones urbanísticas que se desarrollan en lo que se denomina zona B del llano Amarillo”, como puede ser “una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana”.
Así lo ha dado a conocer este martes la secretaria general del PSOE algecireño y portavoz en la Corporación, Rocío Arrabal, en una rueda de prensa en la que ha intervenido también Fernando Silva, secretario de Comunicación de la Ejecutiva local y quien se encargó de defender como concejal en otro pleno, el de diciembre de 2020, las alegaciones y el “NO rotundo” del Grupo Municipal Socialista al uso del Estudio de Detalle en la actuación proyectada para la zona norte del Llano Amarillo, que incluía la construcción de tres edificios y cambios en la zona verde y espacios públicos sin que previamente se modificara parcialmente el PGOU ni se aprobara un Plan Especial del Puerto.
Tres años después, y tras conocerse la sentencia del TSJA que califica nulas de pleno derecho todas las actuaciones que se están llevando a cabo en la zona norte del Llano Amarillo, Arrabal y Silva recuerdan a Landaluce y a su equipo de gobierno que “el Ayuntamiento es el garante del cumplimiento de la norma urbanística” y que actúe “con prudencia y responsabilidad”, como ya ha actuado la Autoridad Portuaria, parando sus actuaciones a la espera de informes jurídicos, porque lo que se está “poniendo en riesgo es dinero y patrimonio público”.
En el texto de la moción que los socialistas llevarán a pleno este viernes se insta también a la redacción de un Plan Especial por parte de la Autoridad Portuaria, para que, como dice la sentencia, se proceda a “la completa ordenación de la zona”, así como trasladar a la APBA “la imperiosa y prudente conveniencia de solicitar un dictamen a la Abogacía del Estado sobre las consecuencias de la reciente sentencia del TSJA”. Igualmente, el PSOE aboga por pedir el correspondiente informe al Consejo Consultivo de Andalucía, informe que, pese a ser preceptivo, tampoco se pidió en su momento.
