El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a seis años y media a un acusado de estafa por la venta a nueve compradores de viviendas en una urbanización de Algeciras que ni eran de su propiedad y que además no estaban libres de cargas fiscales, por las que sacó en total más de 157.000 euros.
Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se remontan entre febrero y agosto de 2014 cuando el acusado, con antecedentes penales a Galicia también por delitos de estafa, realizó hasta nueve contratos de compraventa con diferentes compradores de unas viviendas en un residencial de una barriada de Algeciras.
Estos contratos los hizo en calidad de administrador de una empresa "con ánimo de obtener beneficio patrimonial ilícito" dedicados a vivienda habitual, "a pesar de que la propiedad" de las viviendas pertenecía a otra empresa, además de "ocultar" la existencia de cargas y gravámenes, "exponiendo que se transmitía libre de cargas". Así, sacó en total de 157.500 euros a los nueve supuestos estafados.
Por todo ello, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al acusado a seis años y medio de prisión, así como a indemnizar a los damnificados con la devolución del dinero. La sentencia fue recurrida ante el TSJA, alegando el acusado que "no existió engaño alguno". No obstante, admite que no debería haber suscrito los contratos a nombre de la empresa de la que era administrador único, aunque estaba apoderado para vender las viviendas.
En cuanto a la ocultación de las cargas y gravámenes de las viviendas alegó que los compradores podían haberse informado en el Registro de la Propiedad, aunque él proyectaba cancelar la carga una vez que los fueron elevados a público los contratos privados de compraventa.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso de apelación del acusado y confirmado la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena al acusado a seis años y medio de prisión por un delito continuado de estafa.
