Tras el control a la concesionaria de los autobuses urbanos y la denuncia del convenio actual, el equipo de Gobierno local en el Ayuntamiento de Jaén ha anunciado la puesta en marcha de distintas medidas para establecer el control a la empresa del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, Aqualia, tras detectar "desajustes económicos de calado y acuerdos fuera de procedimiento administrativo", que podrían haber supuesto "un quebranto" de 60 millones de euros.
El edil de Servicios Municipales, Francisco Lechuga (PSOE), ha dado cuenta en la Comisión de Presidencia y Contratación de que el primero de estos desajustes se ha detectado en el coste del precio unitario del servicio que se cobra al Ayuntamiento y que se ha corregido inicialmente para los años 2019, 2020 y 2021, coincidentes con el actual mandato.
Ello ha permitido un ajuste a parámetros más reales del precio que permitirán pasar de un abono de tres millones de euros en subvenciones en ese periodo a recuperar con una reducción del 40 por ciento en el coste unitario, un importe similar por estos tres años.
"Este dinero permitirá a la ciudad invertir en obras de mejora de su red de saneamiento que está absolutamente envejecida, obsoleta y nos genera muchas reclamaciones al año por filtraciones a particulares", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que el Ayuntamiento no tendría que haber compensado con esa subvención a la empresa.
Lechuga ha explicado que desde 1997, fecha en la que el PP privatizó el servicio de agua, la empresa permanecía con un contrato por 30 años con prórrogas que llevarían a los 75 años de vigencia, "un periodo que ya no se contempla con la actual legislación".
"Veinticinco años después hemos detectado que se han tomado decisiones en torno al precio unitario y otros ajustes por órgano manifiestamente incompetente, solo con informes técnicos, lo que nos llevaría a calcular un desajuste en este precio unitario de más de 12,5 millones de euros, entre los que figuran los tres últimos años cuyo procedimiento ya se ha iniciado", ha señalado el concejal.
Para recuperar este importe global el edil ha indicado que habría que acudir a un procedimiento de declaración de lesividad que estudiarán los servicios jurídicos.
Por otro lado, el concejal ha denunciado "el interés leonino" de hasta el 5,5 por ciento que el Ayuntamiento paga por la aplicación de un canon de mejora de infraestructuras, un interés "muy por encima del establecido en la adjudicación del contrato en 1997".
En este punto, ha explicado que se hicieron sucesivos ajustes del tipo de interés desde 2003 hasta alcanzar en 2013, cuando gobernaba el PP, los 5,5 puntos actuales. Lechuga ha incidido en que el quebranto para la ciudad puede estar en los 60 millones de euros por ambos conceptos, el interés del canon y el precio unitario del servicio que asume el Ayuntamiento.
El concejal ha avanzado que los servicios jurídicos y administrativos trabajarán en el expediente sobre el canon de mejora de infraestructuras y lo elevarán al Consejo Consultivo para que dictamine la nulidad o no de determinados actos además de dar trámite a la empresa para que presente sus alegaciones oportunas tanto en este como en el resto de resoluciones. También ha puntualizado que esta situación "no supone un rescate del servicio sino el restablecimiento de las condiciones económicas por las que fue adjudicado el contrato y que nunca debieron modificarse".
